La incapacidad del Gobierno de generar empleo en el sector minero, el interés de tener al masivo subsector cooperativo como aliado político y el fracaso del fortalecimiento de la minería estatal han consolidado una explotación aurífera que no solo aumenta las desigualdades, sino que no beneficia al Estado y que deja en manos extranjeras hasta el 80% del valor de esa riqueza, señala un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
El 2022 se marcó un hito en la economía y en el comercio exterior nacional. Según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas externas de gas natural ($us 2.972,6 millones) fueron superadas por primera vez por otro producto boliviano de exportación: el oro metálico ($us 3.003,2 millones).
Pero la gran diferencia está en que la producción gasífera generó $us 1.937 millones por impuestos y regalías, de acuerdo con el Ministerio de Economía, 30 veces más que los $us 65 millones en regalías que dejó la explotación aurífera, según el Ministerio de Minería.
“En el gas, se ven impuestos, transferencias y regalías; en el oro, casi nada (…). La mayor parte va a parar a los bolsillos de inversionistas extranjeros, chinos, colombianos, peruanos y chilenos. No hay en este momento una norma que cambie eso”, afirmó el investigador Alfredo Zaconeta.
Esta gran diferencia está avalada por la normativa sectorial, que determinó las condiciones para que un mineral tan estratégico como el oro sea entregado a manos privadas.
En 2022, la explotación de oro marcó un nuevo récord en cuanto a volumen (53,4 toneladas) y valor ($us 3.073 millones). El 99,5% de esa producción fue declarada como procedente del cooperativismo minero, que no paga impuestos, se asocia ilegalmente con capitales privados nacionales y extranjeros, y deja impactos ambientales significativos en el medio ambiente.
“Se piensa que esos $us 3.073 millones benefician a los cooperativistas, pero, en áreas en las que las cooperativas se asocian con capitales privados, los socios extranjeros se llevan entre el 70% y el 80% de los ingresos generados por la operación aurífera”, apuntó Zaconeta.
Estas asociaciones ilegales ocurren a la vista del Gobierno, que renuncia a un control que en este subsector puede evitar también otros ilícitos, como la contratación de asalariados, el trabajo en condiciones precarias, el alquiler de concesiones y el desvío de combustible subvencionado.
Una fiscalización efectiva impediría igualmente que muchas empresas privadas y empresas unipersonales se hagan pasar por cooperativas, para que el oro que producen se beneficie de exenciones tributarias.
Zaconeta detalló que el crecimiento desmedido del sector cooperativista comenzó con la Constitución de 2009. La Carta Magna reconoce al actor comunitario en su capítulo de organización económica del Estado, pero ya no lo toma en cuenta en su capítulo minero. Esto obligó a los mineros de comunidades que explotaban oro de forma artesanal a convertirse en cooperativista para operar de forma legal.
Otro impulso para este subsector fue la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada por Evo Morales en 2014, que redujo de 5% a 2,5% la alícuota para las regalías del oro proveniente de yacimientos marginales –como lo declaran casi todas las cooperativas– y determina que este porcentaje baje incluso a 1,5%, si el mineral se comercializa en el mercado interno.
“Las políticas públicas mineras del gobierno del MAS no solo fracasaron en el fortalecimiento de la minería estatal, sino que derivaron en la consolidación del subsector cooperativo, cediéndole el dominio de minerales estratégicos como el oro”, subrayó Zaconeta.
Debido a este favoritismo, el número de socios cooperativistas entre 2006 y 2022 se incrementó de 54.200 a 129.410 (+138,7%), mientras los trabajadores de la minería estatal aumentaron de 4.726 a 5.789 (+22,5%) y los de la minería mediana de 3.850 a 4.780 (+24,1%). La cifra de mineros chicos, por el contrario, se recortó de 2.550 a 2.086 (-18,1%).
Los reportes del empleo en el cooperativismo minero no incluyen a los “segundas manos”, maquipuras (eventuales) y asalariados (prohibidos por ley), que trabajan en condiciones altamente precarias y que no se benefician del grueso de la riqueza aurífera. Con todos ellos, la cifra total sería mucho mayor.
Los datos oficiales muestran el tipo de minería que prospera en el país. Esta actividad está agravando los impactos sobre sus áreas de influencia, ya que al agotar la riqueza de los ríos están llevando sus operaciones tierra adentro, deforestando, cavando fosas, removiendo grandes extensiones de tierra y causando un daño considerable a los ecosistemas.
El producto de esta depredación se exporta a India y Emiratos Árabes, donde no les interesa cómo se obtiene ese mineral ni la manera en que llega al comercio. Otros países como Estados Unidos exigen la aplicación de criterios de sostenibilidad para que el oro ingrese a sus mercados, entre ellos que en la producción de ese oro no se haya usado mercurio, que no se haya deforestado y que no contenga trabajo infantil, entre otros.
Y no hay visos de que este escenario cambie o de que el Gobierno modifique su política minera respecto a las cooperativas. Aunque es un recurso estratégico y representa el 45,4% del valor de producción de minerales del país, el oro no se encuentra en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025.
En esta línea y siguiendo una política que favorece a sujetos privados rentistas, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no realizó el trámite para renovar el Decreto 3516 de marzo de 2018, que declara por cinco años Reserva Fiscal Minera al Río Madre de Dios, para la realización de actividades estatales de prospección y exploración. Por esa razón, el Madre de Dios está ya abierto al interés de los cooperativistas.