Un reciente estudio presentado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) arroja luz sobre la compleja dinámica del contrabando en Bolivia, revelando no solo su arraigo ancestral y su alta legitimidad social, sino también el clamor de la población por medidas enérgicas para combatir esta actividad ilícita.
El informe, titulado «El contrabando en Bolivia: entre la ilegalidad y la legitimidad social», desvela datos impactantes: un 62% de los encuestados respalda la intervención gubernamental contra el contrabando, reconociendo su perjudicial impacto en las empresas locales y en el mercado laboral formal.
Según el estudio, el contrabando ha provocado un declive significativo en el empleo asalariado, especialmente entre los jóvenes, quienes están experimentando una transición hacia trabajos no asalariados, más inestables y precarios. A pesar de los avances educativos, la tasa de empleo formal no ha mostrado mejoras proporcionales, como señala el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
En términos numéricos, el informe revela una disminución del 12% en la participación de los jóvenes en el mercado laboral asalariado durante la última década, mientras que los trabajos informales o por cuenta propia han experimentado un aumento del 15%, indicando un desplazamiento hacia una economía menos formalizada.
Gustavo Luna, director de Bolivia de Rodríguez y Baudoin, la empresa responsable del estudio, destaca la urgencia de fortalecer el empleo estable y de calidad como una prioridad nacional. Frente a este panorama, el gobierno boliviano enfrenta el desafío de diseñar políticas que fomenten el empleo formal y combatan prácticas económicas que lo socavan, como el contrabando.
El estudio, realizado en diciembre de 2023, incluyó grupos focales en cinco ciudades bolivianas y contó con una muestra de 800 casos. Con un margen de error del 3.5% y una confiabilidad del 95%, los resultados ofrecen una visión representativa de la percepción de la población respecto al contrabando y su impacto en el empleo.