En los últimos siete años, el Estado Boliviano perdió una suma significativa de recursos debido al comercio ilegal de bebidas alcohólicas, revela el estudio «El Costo del Comercio Ilícito de Bebidas Alcohólicas» elaborado por el economista José Gabriel Espinoza. Esta pérdida se traduce en oportunidades desaprovechadas que podrían haber beneficiado diversos sectores.
El mercado ilícito abarca contrabando, falsificaciones y producción ilegal, siendo el contrabando responsable del 75% de este comercio, afectando principalmente a la cerveza y el vino. Estas prácticas representan un asombroso 20% del mercado total de alcohol en Bolivia, moviendo alrededor de 380 millones de dólares anuales.
El impacto se extiende más allá de las finanzas. Según el estudio, se podrían haber construido 22 hospitales de tercer nivel, cada uno con 200 camas, en los últimos siete años. Esto habría permitido una mayor cobertura del Seguro Universal de Salud, cumpliendo con estándares internacionales.
La evasión fiscal también afecta la educación, privando al país de la creación de más de 42,000 puestos docentes en el mismo periodo, mejorando la relación alumno-profesor y potencialmente incrementando el Bono Juancito Pinto.
En términos de infraestructura, la pérdida fiscal por el mercado ilegal podría haber financiado 1,700 proyectos de mejoramiento vial y equipamiento municipal, beneficiando a más de 90 nuevos municipios. Estos proyectos equivalen a más de 12.4 millones de metros cuadrados de vías mejoradas en todo el país, abriendo oportunidades de desarrollo sin depender de créditos externos.
El impacto del comercio ilegal de alcohol va más allá de las cifras financieras, afectando directamente a la salud, educación y desarrollo municipal en Bolivia. Es imperativo abordar este problema para desbloquear el potencial perdido y construir un futuro más próspero.